El diputado federal Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de ley para determinar que la responsabilidad y el ejercicio de la acción penal en los delitos por hechos de corrupción sean imprescriptibles.
En su iniciativa, Aguilar Castillo propone modificar diversas disposiciones del Código Penal Federal para combatir la corrupción, tales como los artículos 107 Bis, 212 y 213 Bis en materia de imprescriptibilidad del delito de corrupción.
Dicha propuesta establece que cuando los delitos de corrupción sean cometidos por servidores públicos, miembros de la Guardia Nacional, las penas previstas sean aumentadas hasta en una mitad.
Además incluir como servidores públicos a los trabajadores de la Administración Pública de entidades federativas y municipios.
Desde tribuna, Aguilar Castillo argumentó que la corrupción fue uno de los problemas nacionales a los cuales se le atribuye costos, alcances e impactos en materia económica, desarrollo social, política y, en general, trasciende a la vida cotidiana de las personas.
“Esto debido a la generación de un esquema social en donde, producto de la práctica cotidiana de la corrupción, se generan ambientes en donde se distorsionan las condiciones de igualdad ante la ley, y las posibilidades de acceder de forma lícita a mejores condiciones de vida”, puntualizó.
El diputado por Sonora indicó que los daños y alcances de la corrupción en todas las esferas de la vida pública nacional son estructurales y minan oportunidades a los individuos, y al final a la sociedad.
En Morena, afirmó, “consideramos que nada ha hecho más daño en México que la deshonestidad de sus gobernantes”. La corrupción de los servidores públicos, sostuvo, es un flagelo que se enraizó y se extendió durante décadas, y es un mal que no permite el sano desarrollo de las instituciones ni de la sociedad en general.
Subrayó que la corrupción atenta contra la democracia y es un obstáculo para combatir males como la pobreza, falta de educación y salud.
Dicha iniciativa fue turnada para dictamen a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.