El día de hoy en sesión del Congreso del Estado el Diputado Sebastián Orduño Fragoza, Coordinador de la bancada del PT sometió a consideración de la asamblea un proyecto de DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES
Sebastián Orduño mencionó que nos encontramos en un momento histórico para nuestro país, en pleno proceso de que se instaure la Cuarta Transformación, que los gobiernos realmente velen por el respeto de las y los ciudadanos, anteponiendo sus intereses, para que se mejore el estado de bienestar de todas y todos, para poder acabar con la corrupción, debemos dotar de las herramientas necesarias a quienes son los órganos encargados de erradicarla, es decir, realizar las reformas necesarias a la legislación vigente.
Con dicha iniciativa se propone establecer cuál será la sanción mínima y cual la máxima respecto de la inhabilitación de los servidores públicos, actualmente, cuando se comete una falta grave que la afectación no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa al día de hoy una cantidad de $17,924.00 pesos, la sanción inhabilitación será desde un año hasta máximo 10, y la propuesta es que se incremente hasta quince años.
Cuando la afectación de la falta grave rebase las 200 Unidades de Medida y Actualización, la ley impone como sanción una inhabilitación de mínimo 10 años y máximo 15 años, debemos incrementarlas, que la sanción mínima sea quince años y la máxima se eleve hasta treinta años, porque no queremos que alguien cometa algún acto de corrupción, cause daños graves al erario público, se robe el dinero de la ciudadanía, y al poco tiempo vuelva a ocupar algún cargo público.
De igual forma Sebastián Orduño mencionó que, aunque no se cause algún daño o perjuicio o no se obtenga beneficio alguno, pero no se actúe conforme a derecho, la inhabilitación debe incrementarse como mínimo de tres meses a que sean seis meses y como máximo actualmente dice un año y debieran ser tres años.
En el mismo sentido, la sanción en el juicio político debe incrementarse, la Ley establece que la inhabilitación será de un año y pudiera ser de hasta veinte años, y en la presente iniciativa se propone que la inhabilitación mínima sea de tres años y la máxima de treinta años.
Oduño Fragoza finalizó exponiendo que incrementando las sanciones, a quienes se castiguen tardarán más tiempo en ocupar algún cargo público, teniendo como consecuencia servidores públicos más honestos, toda vez que sabrán que si cometen alguna falta grave no será sencillo que vuelvan a ocupar ese puesto u otro, o hasta ser proveedores del gobierno estatal o algún gobierno municipal.
El asunto fue turnado a comisiones para su análisis y estudio.
